20 de febrero de 2017
Entrevista a Véronique Henry, delegada de Tierra de hombres en Ecuador
“La idea no es impedir migrar a las comunidades indígenas, es empoderarles para que sean conscientes de los riesgos que conlleva»
Hace una semana, recibimos la visita de Véronique Henry, delegada de Tierra de hombres en Ecuador. Nuestra entrevistada lleva más de 13 años en la Fundación y una trayectoria en países como Perú, Colombia y ahora Ecuador en los que ha ayudado a desarrollar proyectos de Justicia Juvenil, prevención de la violencia sexual o ayuda a la infancia desplazada por el conflicto armado colombiano. Una interesante entrevista que os adelantamos aquí y que será publicará íntegramente en el próximo número de la revista Tdh.
¿Qué proyectos desarrolla en la actualidad Terre des hommes en Ecuador?
Tenemos cuatro proyectos. El proyecto «Camino Seguro», sobre la migración de riesgo para niños, niñas y adolescentes; el de Justicia Juvenil; un proyecto de salud sexual y reproductiva que desarrollamos en la provincia de Santo Domingo con nuestro socio local «Niñez y Vida» y otro proyecto que comenzamos a consecuencia del terremoto de abril de 2016. Trabajamos con un equipo en la costa de Pedernales, epicentro del sismo y, por tanto, la zona más afectada. Realizamos intervención psicosocial en los albergues y en los colegio para las familias afectadas y, paralelamente, trabajamos el eje wash para acondicionamiento y acceso a los servicios básicos de higiene y saneamiento.
¿Qué problemas tiene actualmente la sociedad en Ecuador?
En general, ahora Ecuador está en una situación de crisis económica muy fuerte. Ha sido un país que ha crecido mucho esta última década porque vive mucho del petróleo y, ahora, con la caída de los precios de petróleo a nivel mundial, ha entrado en una crisis que le ha llevado a la recesión. Ha sido un proceso súper grave: el Estado ha tenido que despedir a muchos funcionarios públicos, las empresas se han quebrado… Hay una situación económica muy difícil. Por esto, hay mucha pobreza, además de la falta de un sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. También hay muchos problemas de violencia y de violencia sexual e, igualmente, faltan oportunidades para los menores. No todos pueden acceder a una educación por problemas de distancia o porque las familias son tan pobres que no pueden proyectar ni la idea de que sus hijos estudien. Lo hacen hasta Primaria y luego abandonan la escuela porque tienen que trabajar para ayudar a la familia. Y ahora con el terremoto la situación ha empeorado.
El proyecto “Camino Seguro” trata de impedir la trata con fines de explotación laboral de niños, niñas y adolescentes (NNA), principalmente indígenas. La mayoría de estos casos quedan impunes porque no son denunciados. ¿Cómo se ha podido llegar a comprobar que se trata de un problema tan notable si no hay registros que lo demuestran?
Hemos hecho diversos estudios. En 2013, empezamos desde la delegación de Ecuador a investigar el fenómeno de la trata y la explotación laboral en Cotacachi, región donde hay bastantes comunidades indígenas y se detectó que hay un flujo de migración entre las comunidades de Cotacachi y Bogotá, en Colombia. Pero es difícil dar cifras porque nunca las hemos tenido. Hemos sabido de casos y muchas familias nos han contado que se han reportado casos de chicos que han desaparecido y que no se sabe qué ha pasado con ellos en Bogotá. Por otro lado, después de otra investigación realizada en 2015, las puertas se han ido abriendo. Al principio nadie quería hablar del tema, era algo tabú y, ahora, como las comunidades ya nos conocen y tienen confianza, nos van contando nuevos casos de trata.
Los NNA más afectados son de origen indígena. ¿Por qué cree que se da esta situación y de qué forma sufren este fenómeno?
Porque las comunidades indígenas, como en muchos países, son minorías étnicas y son bastante discriminadas y estigmatizadas, son más vulnerables y viven en condiciones de pobreza y violencia mucho más marcadas. Tradicionalmente, eran comunidades que no tenían un vínculo muy fuerte con el Estado, entonces esto hacía que las comunidades no considerasen la explotación laboral, la migración de riesgo o la trata como un delito o una violación de los derechos, sino que lo consideraban parte del crecimiento de un niño. Cuando son adolescentes tienen que ir cumpliendo con algunas responsabilidades y es bastante común que los adolescentes trabajen. Pero, con el tiempo, el que un padrino conocido de la familia se lleve a un joven para formarlo- trabajo que realmente formaba parte de su aprendizaje de vida-, se ha convertido en explotación laboral. Es decir, llegan a Bogotá, dejan de estudiar, ya no tienen contacto con los padres y finalmente lo único que hacen es trabajar explotados en condiciones de mucha vulnerabilidad. Dentro de esta situación también son víctimas de violencia porque trabajan y no pueden enviar dinero. A las familias les dicen: “No te preocupes que durante una parte del día tu hija estará trabajando pero la otra se dedicará a estudiar». Y realmente luego no es así, no envían dinero, no tienen contacto con sus padres y tampoco pueden salir de donde están.
¿De qué manera se ayuda a los niños y niñas a auto protegerse?
Hay varias herramientas. Hemos formado en derechos humanos y trata a 25 de jóvenes de la UNORCAC (Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi), de entre 13 y 25 años a través de charlas, de teatro gestual o cine y ellos mismos han producido diferentes materiales como obras de teatro o cortometrajes. Esto, a su vez, se va mostrando en los colegios mediante talleres y debates donde se habla con los niños, niñas y profesorado sobre los riesgos de la migración y de los engaños que a veces intentan hacer a padres y madres. Así, se realiza prevención, a través de la información y la sensibilización y, por otro lado, empoderamos a las comunidades sobre la ruta a seguir si sus hijos se van a trabajar y no vuelven a tener noticias de ellos, ya que es un delito y una violación de sus derechos.
¿El gobierno de Ecuador es realmente consciente de esta situación y despliega todos los medios posibles para proteger a la población indígena?
Hasta cierto punto, el Gobierno es consciente, sí, porque los estudios que hemos hechos los hemos compartido con las autoridades tanto a nivel local como a nivel nacional. Ahora, que realmente estén haciendo suficiente, creo que no. Hay algunas iniciativas, como la Dirección de Policía de Infancia y Adolescencia donde tienen un grupo especializado de investigadores para trata que está detectando nuevos casos, o la recién aprobada Ley de Movilidad Humana, que incluye un apartado sobre la protección y la prevención ante la trata. Pero ahora el gobierno ecuatoriano tiene muchas prioridades porque ha tenido un terremoto en el 2016 con muchas víctimas, sigue habiendo pobreza, crisis económica… Tiene muchas cosas que subsanar. Además, es importante que se sensibilice y forme en materia de trata a los actores de justicia, porque si se ha llegado a denunciar algún caso de estas comunidades indígenas les han llegado a decir que no es asunto suyo, unas veces por discriminación contra estas minorías indígenas y otras porque no tienen muy presente qué es el delito de trata.
La mayoría de estos casos son impulsados desde las familias, ya que ceden a sus hijos e hijas a un padrino que posteriormente les lleva a una situación de explotación. ¿Las familias son conscientes del futuro que les espera a sus hijos? ¿Cree que concienciar a las familias es uno de los puntos clave para que este proyecto pueda ser desarrollado correctamente?
Muchas familias viven en una situación de tal pobreza, que para ellos supone un alivio o una alternativa, ya que piensan: “Bueno, ya tienes 14 o 15 años, yo no te puedo mantener y si te a vas a estudiar y encima trabajas, nos vas a poder mandar dinero”. Pero la mayoría no son conscientes de que sus hijos pueden ser víctimas de explotación laboral y violencia y que eso es un delito.Ahora, gracias al trabajo que estamos haciendo desde hace un año y medio mediante la sensibilización y la concienciación, esta situación cada vez se va aclarando más. Por supuesto, concienciar a los padres, a los profesores y a los niños y niñas es un punto muy clave. Entregarles información y sensibilizarles sobre las consecuencias que puede haber cuando migras a Bogotá o a otro lado es fundamental. La idea no es impedirles emigrar, porque están en su derecho si quieren buscar mejores oportunidades de vida, pero sí informarles sobre los riesgos y sobre las historias que han sucedido previamente.
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