Estos diez últimos años han sido marcados por un aumento progresivo de los crímenes ligados al terrorismo; un fenómeno que se acompaña de una tendencia creciente de la implicación de niños, niñas y jóvenes en las infracciones ligadas al terrorismo. Esta situación inédita saca a la luz las consecuencias desastrosas del compromiso de los menores con los grupos armados y la importancia de un sistema judicial adecuado para los niños y niñas. Actualmente, el número de menores privados de libertad en el marco de los conflictos armados se eleva a 35.000, una cifra estimada a la baja pues no se han tenido en cuenta las decenas de miles de menores bajo el control del Estado Islámico, ni los 29.000 niños y niñas detenidos todavía en los campos de Irak y en el noreste de Siria.

Aunque la Convención de los Derechos de la Infancia ratificada por 193 países, menciona la detención como el último recurso para los jóvenes, los malos tratos y las detenciones ilegales o arbitrarias son frecuentes. El sistema judicial juega un papel crucial en el desarrollo de los niños, niñas y de los jóvenes: favoreciendo su reintegración con total seguridad, la probabilidad de reincidencia de violencia y de criminalidad disminuye.

Los menores implicados en grupos armados no estatales necesitan un acompañamiento adaptado para que puedan asumir la responsabilidad de sus actos sin sufrir una estigmatización. Muchos niños, niñas y jóvenes implicados en infracciones ligadas al terrorismo no lo hacen por su propio gusto; han sido reclutados a la fuerza y explotados por un grupo armado u obligados a seguir a sus padres radicales, muchos son ante todo las víctimas. Ahora bien, la detención les impone un estatus de criminal en lugar de considerarles víctimas. La prisión favorece la estigmatización de estos jóvenes, al contrario de las medidas no privativas de libertad que estimulan la desradicalización. Con educación y reintegración acompañada, estos menores pueden volver a una realidad no violenta y no criminal.

El informe Acceso a la justicia para niños y niñas y jóvenes en el contexto terrorista realizado por Terre de hommes – Ayuda a la infancia (Tdh) con el apoyo de la Westminster Foundation for Democracy (WFD) subraya y analiza las prácticas que favorecen el desarrollo y la puesta en marcha de sistemas de justicia especializados basados en los derechos de la infancia. Algunas recomendaciones que se desprenden:

  • La edad mínima de responsabilidad penal debería estar fijada preferentemente entre los 15 y los 16 años, en ningún caso ser inferior a 14 años y esto comprende también el marco de la lucha antiterrorista;
  • Incluye expresamente la norma del doble estatus, victima y autor, con lo que debe recibir una atención particular igual que la víctima.
  • El reclutamiento infantil por un grupo criminal o armado no estatal debe estar prohibido y perseguido por la legislación nacional vigente.
  • la violencia extrema y los traumas sufridos por los niños y niñas y los jóvenes implicados en grupos armados no estatales deben ser abordados  y tratados durante el proceso de reinserción ;
  • la desjudializacion y las medidas alternativas a la detención deberían ser valoradas, evaluadas y aplicadas por los actores judiciales a los niños y niñas y jóvenes implicados en infracciones ligadas al terrorismo
  • Considerar la aplicación de las aproximaciones y de las metodologías innovadoras para animar a un delincuente a alejarse de la delincuencia y construir una nueva vida